La Unión Europea aprobó en mayo de 2023 la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés) y la Regulación de Transferencia de Fondos (TFR), las cuales se espera comiencen a aplicarse entre mediados de 2024 y principios de 2025. Estas regulaciones buscan un marco legal interjurisdiccional para los activos virtuales en los 27 países miembros de la Unión.
El Reino Unido ha avanzado en la regulación de criptomonedas desde 2014, cuando la autoridad fiscal del país emitió una guía sobre el tratamiento fiscal de estos activos. En 2018, se creó el Grupo de Trabajo de Criptoactivos (Cryptoassets Taskforce) con el objetivo de establecer un plan para implementar la regulación y supervisión de los activos virtuales en el país.
En México, los activos virtuales se encuentran normados por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) y por regulaciones emitidas por Banxico. Estas leyes y regulaciones buscan proteger a los inversionistas y mantener la estabilidad del sistema financiero del país.
Banxico ha reiterado la importancia de mantener una sana distancia entre el sistema financiero y los activos virtuales, evitando así que los riesgos asociados a estos activos puedan afectar la operación del sistema. Algunos de estos riesgos incluyen la volatilidad de los precios, el riesgo de fraude y la falta de un respaldo físico.
La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) en 2022, por ejemplo, evidenció los riesgos adicionales en relación con las stablecoins y cómo su falta de regulación adecuada puede llevar a problemas severos en el sistema financiero.
La adopción de criptomonedas ha llevado a la necesidad de aplicar regulaciones para proteger a los inversionistas y mantener la estabilidad del sistema financiero. México, a través del Banco de México, es un actor clave en esta área, aplicando restricciones a las instituciones financieras en el país y manteniendo la estabilidad financiera mediante políticas y regulaciones adecuadas.
Las medidas tomadas por Banxico, junto con iniciativas internacionales en diferentes jurisdicciones, ayudan a proporcionar un marco legal y estructurado en torno al uso de criptomonedas y activos virtuales, lo que beneficia tanto a inversionistas como a la estabilidad del sistema financiero en general.